Buenos Aires (awp/afp) – Argentina apeló este miércoles la orden de un juez de Nueva York de pagar 16.000 millones de dólares a dos empresas que se consideran perjudicadas por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF, de la que son accionistas minoritarios.

La jueza federal de Manhattan, Loretta Preska, dictaminó a mediados de septiembre que la empresa de Petersen debería recibir 14.385 millones de dólares, 7.500 millones de dólares en concepto de daños y el resto en intereses, mientras que el grupo Eton Park debería recibir 1.714 millones de dólares, incluidos 816 millones de intereses.

Este monto significa que la compensación que Argentina deberá pagar es de 16.099 millones de dólares por la nacionalización de la empresa YPF.

Los demandantes exigieron que Argentina entregue a la Corte una garantía equivalente al monto total de la indemnización, pero este desembolso causaría “daños irreparables a la población (argentina), que sufre una alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, señaló recurso interpuesto por el Estado argentino y citado por la agencia Télam.

“El país no tiene acceso a los mercados de capitales para emitir bonos y dar garantías”, añadió.

YPF, antigua filial del grupo español Repsol, fue nacionalizada en gran medida en mayo de 2012 bajo el liderazgo de Cristina Kirchner (2007-2015), lo que en ese momento planteó dudas sobre la seguridad de las inversiones financieras en la tercera economía más grande de Europa, América del Sur.

En 2014, tras meses de conflicto, Repsol firmó un acuerdo con Buenos Aires que “garantizaba” una compensación financiera de alrededor de cinco mil millones de dólares.

Sin embargo, este importante caso que involucra al Estado argentino e YPF fue presentado ante un tribunal federal estadounidense en 2015 por la empresa Burford Capital, que se especializa en la resolución de disputas entre terceros y representa a accionistas de las petroleras Petersen Energia Inversora y Eton Park. La gestión del capital.

Estos accionistas minoritarios no recibieron ninguna compensación, a diferencia de Repsol, por lo que presentaron una denuncia alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como exige la ley.

afp/rp