“El agua es más preciosa que el litio”, “¡No a la reforma! », se lee el jueves 20 de julio en los carteles colocados en las manifestaciones que reunieron a varios miles de personas en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, y en Buenos Aires. Esa noche, el área conmemoró “noche apagón”“Noche de apagón”: apagón orquestado en 1976 por la entonces junta militar en el poder, para llevar a cabo el secuestro, detención o asesinato de 400 personas en la provincia, 33 de las cuales siguen desaparecidas.

Esta vez, con un tradicional gesto conmemorativo, celebrado por el 47º^mi A esta alerta de noche de terror se han sumado nuevas exigencias. Las comunidades indígenas de la provincia están protestando por las reformas constitucionales locales, que, según dicen, fueron apresuradas por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Las enmiendas, que fueron aprobadas en tres semanas, a diferencia de los tres meses de debate previstos, generaron preocupación entre los pueblos indígenas por la falta de protección frente al progreso de la minería del litio en la región.

A mediados de junio, cientos de personas descienden de la Puna Argentina, la sierra de los Andes, se dirigió a San Salvador de Jujuy, la capital provincial, en protesta por estas reformas. El día de su aprobación, el 20 de junio, una manifestación celebrada frente a la Asamblea Constituyente fue brutalmente reprimida y, según las autoridades locales, 96 personas resultaron heridas.

“Este proceso constitucional se realizó de manera “exprés”, con poca consulta a los pueblos indígenas, explica Pablo Gargiulo, abogado miembro de Andhes, una asociación de abogados del norte de Argentina. Este es un tema delicado porque Argentina ha seguido una serie de tratados y convenios internacionales que reconocen su derecho a ser informado sobre acciones que puedan afectar sus intereses. »

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Esta falta de consulta, defendida por los gobiernos locales, entraría en conflicto no sólo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ratifica, sino también con las Constituciones nacionales, que son superiores a las provinciales.

El más criticado es el nuevo artículo 67 que prohíbe cortar “carreteras y autopistas y otras perturbaciones al derecho a la libre circulación de las personas”. El bloqueo de carreteras a Chile y Bolivia es la forma más común de acción directa de los pueblos indígenas. La imposición de esta nueva norma limitó severamente sus posibilidades de expresar y hacer realidad sus demandas.

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