por Alberto Galvis –

Colombia ha ratificado el Acuerdo de Escazú sobre el Medio Ambiente, un acuerdo internacional legalmente vinculante que tiene como objetivo promover la transparencia en la toma de decisiones ambientales. El Acuerdo de Escazú estipula los derechos de los ciudadanos en materia ambiental y el seguimiento de los conflictos socioambientales, así como la identificación de estrategias para mitigarlos y resolverlos.
En Colombia, varios activistas ambientales fueron asesinados entre 2011 y 2021. El Congreso ratificó los Acuerdos de Escazú el pasado 11 de octubre, convirtiéndose en el país número 14 de la región en hacerlo con la firma del presidente Petro.a.
Los países que han ratificado el acuerdo son Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Chile, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Santa Lucía y Uruguay. Colombia firmó el acuerdo en diciembre de 2019, pero aún está pendiente la ratificación.
Petro se ha comprometido a gobernar el país a través del diálogo con los grupos armados, brindar protección a los líderes sociales y realizar inversiones prometidas durante mucho tiempo en áreas devastadas por el conflicto. También prometió abordar la deforestación, que aumentó considerablemente durante la administración anterior, y alternativas a la extracción de petróleo y minerales. Ambas industrias estarán sujetas al Acuerdo de Escazú, sujetas a un mayor escrutinio.
Esta fue solo una victoria simbólica para el gobierno de Petro, porque en zonas como Cauca y Chocó grupos armados lucharon por el control de la zona y quienes se opusieron fueron asesinados.