Argentina ha vencido la resistencia del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Reunido para decidir sobre la reestructuración de los más de 44.000 millones de deuda otorgada en Buenos Aires en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri, expresó su aprobación (informal) al acuerdo general alcanzado en las últimas semanas. Sin embargo, el órgano del FMI no oculta sus dudas sobre el carácter técnico-financiero del programa diseñado para la Argentina.

Además, surgió un hecho político importante: el apoyo de los representantes de Estados Unidos al plan financiero argentino. La medida sigue a la reciente promesa de la administración de Joe Biden de acompañar los esfuerzos de ambas partes por una solución que pueda llevar a la nación sudamericana por el camino de la consolidación fiscal y el crecimiento económico. Al sí de Estados Unidos, en los órganos del Fondo, agregaron otros accionistas importantes, Alemania, Japón y Canadá.

En Washington, a mediados de enero, de una reunión entre los titulares extranjeros de los dos países, Antony Blinken y Santiago Cafiero, surgió la orientación del gobierno estadounidense, claramente influida por la utilidad de la alianza y la estabilidad regional. La posición de Estados Unidos en el directorio del FMI fue anticipada por Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Un apoyo político para construir una salida a la crisis de la deuda externa.

Sin embargo, la luz verde del directorio es general, deteniéndose en la línea general de acuerdo entre el FMI y Argentina. Fue la propia delegación estadounidense la que señaló dudas sobre el camino que debería tomar Buenos Aires para lograr el equilibrio fiscal. Del mismo modo, surge la cuestión de la ausencia de reformas estructurales tangibles que puedan garantizar una reducción constante del gasto público.

Otro problema que no ha sido resuelto en detalle es el tema de los subsidios al sector energético. El compromiso de Argentina es un aumento en la producción que podría conducir a reducciones de costos, con una relajación gradual de las ayudas estatales.

El tiempo se acaba e influirá en las decisiones del gobierno de Alberto Fernández. El 22 de marzo Argentina debía pagar al FMI cuotas de 2.800 millones de dólares y no fue una operación fácil por el estado actual de las reservas disponibles del Banco de la Reserva. Para esa fecha, el ejecutivo debe poder tener legislación aprobada por el parlamento para ratificar el acuerdo de deuda con el FMI.

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Esta es la condición política de compartir que exige el organismo. La oposición se ha puesto a disposición pero en su mayoría, porque la oposición es casi del ala dura, el verdadero obstáculo. Sin pagos y sin la ‘ley del FMI’ solo hay incumplimiento.