El gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei anunció el jueves un “protocolo” para contrarrestar el “caos absoluto” de las manifestaciones sociales con bloqueos de carreteras, aumentando el radio de acción policial y comprometiéndose a hacer pagar a los “organizadores”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ya ocupó este cargo durante el gobierno del líder liberal Mauricio Macri (2015-2019), anunció medidas, y futuras leyes, para evitar “cortar, bloquear, bloquear rutas”, que impactaban las actividades e “impedían a los ciudadanos argentinos vivir en paz”.

Intervención de tropas federales durante las manifestaciones.

Argentina, y Buenos Aires en particular, es sede de cientos de manifestaciones que cortan rutas de tránsito cada año y, según Bullrich, las manifestaciones ocurren todos los días en determinadas provincias.

A partir de ahora, todas las fuerzas federales podrán intervenir en las manifestaciones que bloqueen los carriles de circulación, anunció, y no sólo las policías de referencia, provinciales o capitalinas.

“La fuerza utilizada será la mínima requerida, pero proporcional a la resistencia”, añadió, y “las facturas de estos dispositivos se enviarán a la organización o responsable”. El Estado no pagará por el uso de estas fuerzas de seguridad”.

Patricia Bullrich también enfatizó que se aplicarán sanciones a los padres que lleven a niños o adolescentes a manifestaciones. “Habrá enormes consecuencias para cualquiera que utilice a niños como escudos humanos”.

Una situación económica que “empeorará en el corto plazo”

El gobierno de Milei. El martes anunció la primera de una serie de medidas de austeridad, incluida una devaluación sorpresa de más del 50% del peso.y reducción de los subsidios al transporte y la energía desde enero. Medidas que, combinadas con una inflación que ya alcanzó el 160% en un año, tendrán un gran impacto en el poder adquisitivo de los argentinos.

El propio Milei coincide en que la situación “empeorará en el corto plazo”, antes de que se produzcan mejoras en el equilibrio financiero y la economía. Sindicatos y organizaciones sociales han advertido que el mundo del trabajo “no se quedará de brazos cruzados” ante la “dinamita del poder adquisitivo”. Un importante movimiento social de izquierda radical, Polo Obrero, condenó el “plan de agresión popular” de Bullrich.

La vicepresidenta Victoria Villaruel, por su parte, llamó a los sindicatos a ser “prudentes” y les advirtió contra “un cierto nivel de agresividad o conflictividad social”, mientras se acababan de anunciar las medidas del “gobierno de cuatro días”, y en cierta medida aún no se han materializado.

Se espera que las primeras “pruebas de calle” tengan lugar los días 19 y 20 de diciembre, con movilizaciones que conmemorarán la traumática “Gran Crisis” de 2001.

Varios medios de comunicación destacaron el jueves, tras el anuncio de Bullrich, que se habían lanzado planes antiprotestas similares, pero sin resultados, bajo el gobierno de Macri.

Artículo original publicado en BFMTV.com

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