Argentina es el primer país del mundo en comer productos horneados transgénicos. La empresa Bioceres-Indear informa que el trigo GM ya se está mezclando en 25 molinos con trigo convencional. Sin el etiquetado de los alimentos genéticamente modificados, ya está en las tablas estatales y es imposible identificarlos. Cultivado con el peligroso herbicida glufosinato de amonio, con graves riesgos para la salud y el medio ambiente.
Los habitantes de Argentina fueron los primeros en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirma la empresa Bioceres-Indear, que informa que 25 fábricas ya están mezclando cereales con granos convencionales. Los transgénicos, que acompañan al peligroso herbicida glufosinato de amonio, han sido condenados por más de mil científicos, fabricantes (tanto agroecológicos como agroindustriales) y organizaciones ambientalistas. Los estudios que demuestran la supuesta “inocuidad” de los OMG son confidenciales y han sido realizados por las empresas que los comercializan. “Este es un hecho de inusitada gravedad desde el punto de vista de la salud pública”, denunció el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una carta pública.
La noticia la dio a conocer Bioceres-Indear a principios de marzo. Esta es una noticia de trascendencia mundial: por primera vez un trigo genéticamente modificado (conocido como “HB4”) se ha convertido en un alimento de gran consumo (pan, pizza, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, lo que es más grave, la población no tiene forma de saber si está comiendo productos transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado especial.
El Instituto InSSA-UNR destaca que no existe evidencia científica independiente publicada en revistas académicas que indique que la avena HB4 es segura para el consumo humano. El Instituto señala que en Argentina los transgénicos se aprueban en base a “estudios” realizados por las propias empresas y que estos informes son confidenciales.
El InSSA ha confirmado con publicaciones científicas la incidencia de cáncer en las aldeas fumigadas (es decir, lugares en contacto con pesticidas) y ha subrayado otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado del herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad para el medio ambiente y la salud ha sido comprobada en varios estudios científicos. También se ha demostrado que no es degradable e incluso detectable en alimentos ultraprocesados”.
Los investigadores instaron a los “diseñadores de políticas públicas” a prestar atención a la evidencia científica sobre los peligros de la planta. “Consideramos imperativo que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación de trigo HB4 a la harina para la elaboración de productos comestibles o sucedáneos de la alimentación humana”, señalaron.
En 2020, en carta abierta, más de mil científicos del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y 30 universidades públicas de Argentina impulsaron el avance del trigo modificado genéticamente: “Este endoso se refiere a un modelo de agronegocios que está comprobado que es perjudicial para el medio ambiente y la sociedad, ser una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, no resuelve el problema alimentario y además atenta contra la salud de nuestra gente, pone en entredicho la alimentación seguridad y soberanía”. Han aportado decenas de estudios sobre los peligros de los nuevos transgénicos. Todo esto no fue considerado por las autoridades estatales.
Bioceres-Indear es la empresa detrás del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el llamado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Para los OGM también son importantes los aportes del Estado, a través de los recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. La protagonista es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negacionista de las consecuencias sociales, ambientales y de salud de la agroindustria.
El expresidente argentino Macri estuvo cerca de pactar el trigo durante su gestión pero frenó la decisión por las advertencias de los productores agroindustriales, el Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores de Granos, por el riesgo de perder mercados de exportación (especialmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en su plato. La aprobación definitiva llegó en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde a la solicitud de Bioceres-Indear (firma administrativa puesta por el diputado Luis Gustavo Contigiani).
“La responsabilidad del gobierno es total, desde la autorización sin pruebas de seguridad, sin considerar efectos negativos sobre el medio ambiente, hasta su política científica, con Raquel Chan como símbolo, para atender al sector agroalimentario más concentrado”, criticó Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Y subraya la importancia de estos granos: “No solo se contaminarán los granos convencionales, sino que estos transgénicos y sus agrotóxicos entrarán directamente en nuestro organismo y el de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán a medio y largo plazo. es criminal”.
El multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia el impacto de la agroindustria en la salud y el medio ambiente, ha señalado que el herbicida glufosinato de amonio “es mucho más tóxico que el glifosato y es teratogénico, neurotóxico y genotóxico. Sus efectos han sido demostrados”.
La Asociación, que forma parte de la campaña “No con nuestro pan” (que agrupa a decenas de organizaciones de todo el país) advierte contra los efectos nocivos: “La convivencia de trigo transgénico y no transgénico no es posible por el proceso de ‘ la contaminación genética’ que se produce durante la polinización y los residuos de agrotóxicos’ quedarán en la harina obtenida. En una sociedad harinero de trigo pobre y culturalmente dependiente esto es un claro peligro para la salud pública. El documento advierte que los mecanismos que rigen los transgénicos violan la Ley General de Medio Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como otras normas para la protección de la salud y el medio ambiente.Pedimos detener la siembra de cultivos transgénicos, bloquear la mezcla de cultivos transgénicos con trigo tradicional y recordar que la salud no es negociable”.
“Corrupción OMG”
La campaña Paren de Fumigarnos denuncia la complicidad de los organismos que supuestamente regulan los transgénicos: la Secretaría de Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Calidad de Alimentos (Senasa) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Un hito para la autorización del trigo ocurrió en 2018, cuando la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) dio su visto bueno. Las organizaciones sociales denuncian tres hechos fundamentales: Conabia está compuesta mayoritariamente por miembros de las empresas que comercializan este producto (y académicos con conflictos de interés), no realiza estudios propios (se limita a validar estudios de empresas) y todos los informes son confidenciales. Su postura proempresarial es tan desvergonzada que la ONG europea GMWatch (un referente en el estudio global de los OGM) lo llama un ejemplo de “corrupción transgénica” en todo el mundo.
Traducido del español por Thomas Schmid.
Reseña de Ana Polo
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