En una concurrida calle de Buenos Aires, este taxista de repente encendió el sonido crepitante del programa de radio del almuerzo, “Impuestos a las grandes riquezas, ¿qué ha cambiado? », preguntó el moderador. Lejos de limitarse al ámbito técnico oa la cartera de que se trate, estas iniciativas irrigan ampliamente el debate público en Argentina.

La ley presentada por el diputado Máximo Kirchner, hijo de la diputada (y ex)presidenta Cristina Kirchner, fue aprobada en un ambiente eléctrico en la Cámara Baja del Parlamento, la semana pasada, durante una sesión que terminó de madrugada. Mal llamado “impuesto”, este impuesto se basa en realidad en una contribución extraordinaria del 2% que grava aproximadamente 10.000 bienes cuyo patrimonio supera los 200 millones de pesos (2 millones de euros).

El proyecto, impulsado por el presidente argentino Alberto Fernández (centro izquierda), pretende recaudar 300.000 millones de pesos, equivalentes a 3.150 millones de euros, para financiar esencialmente las políticas sanitarias y sociales de la emergencia por la pandemia. Una cuarta parte de los ingresos recaudados debería destinarse a la exploración y producción de gas natural, uno de los principales proyectos económicos del gobierno.

críticas a los empresarios

El proyecto, que fue nombrado por primera vez en abril antes de crecer sin justificación oficial en el palco parlamentario durante siete meses, fue duramente criticado por representantes de empresarios que temen una merma de la inversión privada e instan al Estado a endurecer el gasto. Contribución “afecta la propiedad privada y descapitaliza los negocios”, Denuncian los gremios empresariales argentinos. “Mientras debatimos si los 10.000 millonarios más ricos de Argentina deben hacer un aporte tan extraordinario, tenemos cinco millones de niños bajo la línea de pobreza, ¿cuánta desigualdad queremos tolerar? » por su parte cuestionó la vicemayoría del presidente Itaí Hagman.

“El Gobierno tiene poco margen de maniobra, la situación es muy frágil”, observa Laura Testa, economista del Banco de Servicios y Transacciones. Para extender el arsenal de subsidios salariales y ayudas a los más desfavorecidos, el Estado ha desembolsado el equivalente a 5.000 millones de euros en el contexto de la pandemia.

Sin embargo, mientras muchos países han financiado sus políticas de emergencia con endeudamiento, Argentina, que aún no ha renegociado sus deudas con el FMI, ya no tiene acceso a los mercados crediticios internacionales. La pandemia también está afectando a un país ya vulnerable, sacudido por los dos años anteriores de recesión y lidiando con una debilidad fiscal histórica: más de un tercio de la economía, de manera informal, está bajo el radar de recaudación.

Impuestos que conciernen a las personas físicas y no a las empresas

“El dinero recaudado representará alrededor de un tercio del presupuesto total necesario para responder a la crisis. En cuanto a la parte de la receta destinada a las pequeñas y medianas empresas y la producción de gas, tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo”, El análisis de Laura Testa, destaca que la aportación atañe al individuo y no a la empresa. “Hasta ahora, Argentina ha financiado su déficit presupuestario con emisión monetaria, pero esto finalmente ha resultado en inflación”, observando a los economistas. Este año, el aumento de precios debería superar el 36% según las proyecciones.

“En Argentina lo que asusta a la inversión es la mala gobernabilidad”, atacó con clara navaja al diputado Máximo Kirchner en la anterior gestión de Mauricio Macri (2015-2019), cuya segunda parte de su mandato estuvo marcada por la crisis y el sobreendeudamiento. La extraordinaria aportación de esta gran fortuna debe ser debatida ahora en el Senado.